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Los científicos creen insuficientes los cambios del Gobierno para que los becarios compren su cotización

Después de las clamorosas críticas que arrecieron desde la comunidad científica, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rectificado en la nueva normativa por la que los antiguos becarios pueden ‘comprar’ las cotizaciones correspondientes a sus prácticas. La diferencia: en vez de pagar en base a las cotizaciones actuales -lo que suponía tener que desembolsar en algunos casos la mitad del salario percibido-, abonarán tomando como referencia la base mínimo del periodo en el que realizaron las prácticas. Esto hará, por ejemplo, que la cuota que tenga que pagar la persona que realizó prácticas en 1997 sea de 101 euros y no de más de 200, como ahora contempla el convenio.

No quedan ahí los cambios. La Orden ministerial firmada el pasado 29 de abril por la ministra Elma Saiz también contemplaba que los años que se podía reconvertir en cotizaciones hasta cinco años de periodos de prácticas. Con la normativa que se estableció en 2011 se podían rescatar dos años y en la propuesta de hoy se contempla poder rescatar cinco años completos, sin integrar en este plazo los periodos que ya se hayan podido cotizar mediante el convenio de 2011. Esto implica que se pueden rescatar siete años en total.

Además, se amplía la posibilidad de fraccionar el pago por estos periodos hasta un máximo de cinco años. También se extiende a tres años y medio la ventana temporal abierta para suscribir este convenio -que es totalmente extraordinario-, de manera que la fecha límite sería el 31 de diciembre de 2027.

«Creemos que con estos elementos introducimos mejoras sustanciales en esta medida para rescatar periodos de actividad que no cotizaron en su momento y ahora de forma extraordinaria permite completar las carreras de cotización», señaló en rueda de prensa el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.

Los científicos denuncian que no es suficiente

Desde la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) que agrupa a 88 sociedades científicas y representa a más de 40.000 investigadores se congratulan de los cambios, si bien denuncia que no son suficientes. «Esta rectificación no atiende todas las peticiones que ha hecho la comunidad científica, y que hemos formulado reiteradamente, para mejorar la orden de forma que repare el sentimiento de agravio que tienen las personas que hicieron parte de su actividad profesional investigadora con becas», indican en un comunicado.

La COSCE pide que «no se haga pagar a las personas afectadas las cuotas que se ahorraron las entidades becantes, mayoritariamente administraciones públicas, como se ha hecho en otros procesos de reconocimiento de tiempo trabajado sin cotización; como se hizo, por ejemplo, en 2021 para el personal interino de la Administración de Justicia».

Además, solicitan que se busque una solución para las personas que tienen lagunas de cotización mayores de 5 años, frecuentemente entre 7 y 10 años, y «hasta 16 años en casos extremos». «Queremos añadir que la mera vuelta a las condiciones del convenio de 2011 no es aceptable. Ya entonces, recién conseguida por ley la laboralización de la etapa predoctoral, se alertó de que no se aceptaba que se hiciera pagar al personal investigador afectado la parte de cotización que correspondía abonar a las entidades que remuneraban mediante becas».

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